De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora cada año Transparencia Internacional, entre 2017 y 2018 México bajó del lugar 135 a 138, de 180 naciones evaluadas.
Esta caída representó dos sexenios consecutivos con una percepción negativa para el país, pues en 2006 se ubicaba en el lugar 70 de 163 países, y en 2012 en el 105 de 176 naciones analizadas.
En su análisis, el capítulo mexicano de la organización –encabezado por Eduardo Bohórquez– puntualizó que México ha fracasado en el desmantelamiento de las redes de corrupción que se han conformado, así como las redes políticas que las protegen.
Asimismo, advirtió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, hasta que no se implemente una política de recuperación de activos y se regresen a las arcas de la nación los recursos desviados, el país no podrá presumir de haber avanzado en el combate a este flagelo.
Ante este panorama, un aspirante a abogado que desee llevar una práctica jurídica con sentido ético, debe estar al tanto de todas aquellas iniciativas que pugnen por el progreso social y la reparación de daños a la nación.
Por ello, la Universidad Panamericana campus Aguascalientes realizó en días recientes la conferencia “Retos y logros con respecto a la corrupción en el país”.
Parcialidad = corrupción
A invitación de la Facultad de Derecho de la UP, el presidente nacional del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), José Octavio López Presa, afirmó ante los estudiantes que no hay país que haya combatido la corrupción con éxito que no haya pasado por la independencia de sus instituciones de administración, procuración e impartición de justicia.
El funcionario describió la implementación del SNA en el Estado que, como sabemos, es la instancia encargada de establecer, articular y evaluar la política en la materia.
Por su parte, el CPC tiene entre sus funciones principales: opinar y realizar propuestas sobre la política nacional, y proponer los mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de hechos de corrupción.
López Presa hizo énfasis en la necesidad de garantizar independencia de los organismos encargados de combatir este problema.
Particularmente, señaló que en la esfera judicial “no se pueden tener actuaciones influenciadas por un partido o de un grupo político”.
Ante esto, subrayó que el CPC pidió al presidente López Obrador enviar al Senado de la República los nombres de los tres magistrados que deberán integrar la sala especializada contra la corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que se puedan sancionar las faltas administrativas que han sido denunciadas (ejemplos: tráfico de influencias y peculado).
Insistió en que los nuevos magistrados deben ser independientes del Ejecutivo Federal, ya que los nombramientos a modo impedirían un efectivo combate a la corrupción.
Concluyó López Presa con una invitación a los futuros abogados a sumarse a esta gran área de oportunidad con principios éticos.
En la UP Aguascalientes buscamos formar juristas capaces de responder a los problemas de nuestro tiempo, con el liderazgo y la ética profesional para contribuir a la construcción de un país y un mundo más justo.
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