La Constitución Política Mexicana guía la convivencia y el orden en el país. En sus preceptos más esenciales podemos identificar cómo se han configurado los cimientos que rigen la vida política y social.
Estos artículos, por su contenido y relevancia, sintetizan los principios básicos como la soberanía popular, la división de poderes, la protección de derechos y la regulación de la propiedad y de los recursos.
En esta ocasión, hacemos un breve recorrido por algunos de los artículos primordiales de la Constitución Mexicana. Al explorar tales disposiciones, puede apreciarse cómo cada una contribuye a definir el marco de acción de la política, la justicia y la vida social que hacen de nuestra Carta Magna un documento vivo que continúa orientando a la nación.
Disposiciones de primer orden
Dichos artículos se integran en la Constitución como fundamentos que encauzan y aseguran la coherencia de todas las normas que rigen el país. Es decir, en conjunto permiten que cualquier interpretación o aplicación de la ley se vincule a un marco de valores comunes.
Al estar consagrados en artículos clave, se obliga a que las reglas posteriores y las interpretaciones judiciales respeten estos principios. Así es que el texto constitucional puede comprender una guía sólida en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos jurídicos.
Por otro lado, con base en ellos se propicia un entorno donde el funcionamiento de los poderes públicos y la protección de los derechos individuales y colectivos se mantienen en un equilibrio que refleja la intención original de un ordenamiento legal bien fundamentado.
A continuación, te presentamos los artículos primordiales de la Constitución Mexicana:
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Art. 1:
Establece las garantías individuales y prohíbe tanto la esclavitud como la discriminación. Se vincula con la protección de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas.
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Art. 2:
Reconoce y protege los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en cuanto valora su identidad cultural y autonomía.
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Art. 3:
La educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Es el derecho a la educación y versa sobre las obligaciones del Estado para brindar las condiciones propicias que puedan hacerlo efectivo.
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Art. 5:
Garantiza la libertad de trabajo y de ejercer cualquier profesión u oficio lícito.
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Art. 6:
Protege la libertad de expresión, esencial para el debate público y la crítica constructiva en una sociedad democrática.
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Art. 27:
Señala la propiedad originaria de la nación sobre tierras, aguas y recursos naturales, y fija el régimen para su expropiación por causa de utilidad pública.
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Art. 28:
Prohíbe los monopolios y la concentración excesiva de recursos con el fin de promover una competencia justa en la economía.
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Art. 41:
Establece el mecanismo mediante el cual el pueblo ejerce su soberanía a través de la democracia representativa en los órganos del poder.
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Art. 49:
Organiza la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial para evitar la concentración del poder. Se basa en el equilibrio a través de la separación de funciones.
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Art. 123:
Reconoce y protege los derechos laborales al definir las condiciones mínimas para las relaciones de trabajo bajo los valores de la justicia social y la protección del trabajador.
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Art. 133:
Afirma que la Constitución es la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico, por lo que obliga a todas las leyes y autoridades a ajustarse a ella. Demuestra la primacía de la Carta Magna y la jerarquía normativa en el sistema jurídico.
Los artículos aquí presentados definen los derechos fundamentales, establecen los límites del poder público y proporcionan el marco para la interpretación y aplicación de las leyes.
Además, el conocimiento de la Constitución habilita al jurista para participar de manera crítica y activa en debates legislativos y judiciales, asesorar a sus clientes y contribuir a la evolución del sistema legal.
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Es así, en definitiva, una herramienta indispensable para ejercer la defensa del Estado de derecho y promover la justicia en cualquier ámbito del que se trate.
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