La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública representa la reconfiguración más drástica del sistema de rendición de cuentas en México en las últimas dos décadas.
Su origen se relaciona con la publicación, en diciembre de 2024, de la eliminación de órganos autónomos encargados de garantizar derechos como la transparencia y la protección de datos personales, entre los que destaca el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) de la Constitución.
Según la versión oficial, los argumentos que el gobierno y la mayoría legislativa presentaron para tal decisión son los siguientes:
- Los órganos autónomos eran costosos, duplicaban funciones y formaban parte de una “burocracia excesiva”.
- Muchos órganos autónomos, incluido el INAI, no eran realmente independientes, sino que respondían a intereses políticos o de élites.
- El gobierno electo debe concentrar la responsabilidad administrativa.
Así, en marzo de 2025, nace la nueva Ley de Transparencia, en la cual se especifica la estrategia del Gobierno para brindar transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
A continuación, explicamos los puntos clave de esta ley y cuáles son sus implicaciones en diferentes niveles y esferas:
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Puntos clave de la nueva Ley de Transparencia 2025
Con la nueva Ley de Transparencia la función institucional de garantía del INAI se transfiere a una estructura dependiente del Poder Ejecutivo Federal: la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Esta Secretaría queda como autoridad garante del derecho a la información y a la protección de datos personales a través de su organismo administrativo interno “Transparencia para el Pueblo”.
De esta manera, los datos personales en posesión de sujetos obligados pasan del INAI a 16 autoridades, una por cada poder federal, es decir: poder ejecutivo legislativo y judicial, así como a los órganos autónomos a nivel federal y partidos políticos por entidad federativa.
A nivel estatal y municipal, de 32 organismos locales homólogos al INAI ahora hay una autoridad por cada poder ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos y los 2478 municipios en el país.
Cada sujeto obligado (dependencias, sindicatos, fideicomisos) o sus órganos de control interno se convierte en la instancia que decide qué información entregar.
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Implicaciones críticas en el terreno de la anticorrupción
La transición del modelo de autonomía constitucional a uno de control gubernamental reconfigura las relaciones de poder entre el Estado, el mercado y la ciudadanía. A continuación, analizamos tanto las consecuencias que consideramos más importantes en los 3 ámbitos como aquellas para los profesionales del área legal:
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Implicaciones institucionales:
- Concentración del poder: Una institución absorbe todas las funciones y no hay contrapesos.
- De lo colegiado a lo unipersonal: el INAI era un cuerpo colegiado que permitía la deliberación democrática y plural. En cambio, “Transparencia para el Pueblo” es una entidad unipersonal cuyo titular es designado directamente por el Ejecutivo.
- De autonomía a dependencia: la instancia revisora en una dependencia jerárquica del gobierno federal que ahora puede actuar como juez y parte al resolver quejas contra sus propios pares.
- Fragmentación masiva: se pasa de un sistema de 33 organismos garantes a una dispersión de más de 2500 autoridades garantes (órganos internos de control, contralorías estatales, etc.), lo que dificulta la homologación de criterios y complica la defensa del ciudadano.
- Blindaje de información sobre corrupción: los periodistas y la sociedad civil no podrán acceder a pruebas para denunciar corrupción porque la información estará reservada hasta que la propia autoridad reconozca (acredite) el acto, lo cual puede tardar años o simplemente no suceder.
- Leyes que vulneran la transparencia: el nuevo órgano desconcentrado pierde la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes que vulneren la transparencia.
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Implicaciones legales de la desaparición del INAI para empresas:
A la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) se le realizan modificaciones que, en vez de generar seguridad para las arcas y las personas, provocan incertidumbre. Estas son las consecuencias más evidentes:
- El consentimiento tácito no es realmente consentimiento: la nueva normativa establece el consentimiento tácito como regla general, por lo que se pueden procesar datos sin autorización explícita y fehaciente de los titulares.
- Avisos de privacidad poco claros: la ley ha eliminado la obligación de informar a detalle qué datos serán tratados en los avisos simplificados.
Esto reduce la transparencia para los consumidores a la vez que podría aumentar el riesgo de litigios por “consentimiento engañoso” hacia las marcas.
- Eliminación de evaluaciones de impacto: al no exigir evaluaciones de impacto sobre privacidad a las corporaciones, como son estas mismas las que asumen la responsabilidad de autorregularse para evitar crisis en su reputación, se pierde la manera de evidenciar la efectividad de sus prácticas de manera homologada.
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Implicaciones en ciudadanía y derechos digitales:
Los nuevos requisitos para solicitudes ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) ante sujetos obligados y particulares se vuelven más complejos, lo cual implica que:
- Las instituciones particulares y públicas pueden procesar información sin permiso: la nueva ley amplía las excepciones para obtener el consentimiento de uso de datos.
- Hay problemas para la regulación de inteligencia artificial: las nuevas leyes no mencionan explícitamente a la IA, así que esta queda como un área gris.
- Vigilancia sin auditoría: el gobierno puede utilizar IA para perfilamiento masivo o discriminación en servicios públicos sin una entidad externa que audite el código o los criterios de decisión.
- Débil defensa ante la automatización y vigilancia ambigua: la falta de una autoridad independiente impide frenar los sesgos del algoritmo o el uso de datos biométricos para efectuar una vigilancia masiva bajo la excusa ambigua de “seguridad” o “paz social”.
- Retroceso en la estandarización de datos: esta estandarización permitía realizar cruces masivos de información (Big Data) para detectar redes de corrupción, desvíos y empresas fantasma, pero ahora se limita la labor de organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad o México Evalúa.
- Eliminación de la facultad de atracción: ya no se podrán mostrar con facilidad casos emblemáticos de corrupción u opacidad, situación que deja a los mexicanos indefensos ante cacicazgos locales o estatales y los obliga a recurrir al juicio de amparo, un proceso costoso y lento.
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Implicaciones para especialistas en transparencia tras la reforma 2025:
El medio profesional también se ve afectado. Debido a la extinción de los organismos autónomos, se cierra una fuente de empleo especializado, aunque abre otras nuevas necesidades en el mercado. Los principales efectos son:
- Del derecho administrativo al litigio constitucional ante el poder judicial: la defensa de derechos se trasladará al Juicio de Amparo.
- Compliance descentralizado: las empresas y entes públicos requieren asesores expertos para navegar el laberinto burocrático y evitar las sanciones por incumplimiento de la Ley General de Transparencia, las cuales, a pesar de ser aplicadas por el propio gobierno, pueden ser utilizadas como herramienta de presión política.
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Consultoría en ética de datos: ante el vacío legal en IA y la laxitud en los avisos de privacidad, crecerá la demanda de consultores que ayuden a las empresas a mantener estándares éticos internacionales para no perder su competitividad global.
La reforma ha representado un retroceso en materia de transparencia y legalidad, ya que centraliza el poder, aumenta la opacidad, debilita la vigilancia ciudadana y limita el acceso a la justicia.
El ciudadano y la empresa quedan expuestos a una mayor discrecionalidad que obliga a los profesionales del sector a trabajar más arduamente por mejores mecanismos para combatir la corrupción estructural en México desde todas sus aristas.
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Referencias:
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública [PDF]. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgtaip/LGTAIP_orig_20mar25.pdf
- Espinoza Ibarra, G. (2025). Retrocesos en la nueva ley de transparencia: La clasificación de información en los casos de corrupción acreditados. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. https://contralacorrupcion.mx/retrocesos-en-la-nueva-ley-de-transparencia-la-clasificacion-de-informacion-en-los-casos-de-corrupcion-acreditados/
- López Salas, M. de L. (2025). El nuevo modelo de la transparencia en México: Del INAI a “Transparencia del Pueblo”. JUS Derecho Sociedad Estado, (21), 45–64. https://jus.ujed.mx/index.php/jus/article/view/336
- México Evalúa. (2025). Transparencia en vilo: Un análisis de la nueva Ley General de Acceso a la Información Pública. https://mexicoevalua.org/transparencia-en-vilo/
- Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). (2025). Las nuevas leyes de transparencia y protección de datos personales: Retrocesos y oportunidades perdidas. https://r3d.mx/2025/03/21/las-nuevas-leyes-de-transparencia-y-proteccion-de-datos-personales-retrocesos-y-oportunidades-perdidas/
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