Los economistas clásicos, como Adam Smith, Jean-Baptiste Say y otros, defendieron la doctrina del laissez faire, que se basa en la no intervención del gobierno en asuntos económicos
Adam Smith introdujo el concepto de la mano invisible, que se refiere al libre funcionamiento del sistema de precios (mercado) en ausencia de la intervención del gobierno.
Gracias a la política del laissez faire la economía capitalista occidental alcanzó un crecimiento espectacular en el siglo XIX.
Como lo ha sugerido Paul Samuelson, en una economía de mercado ideal todos los bienes y servicios se intercambian de forma voluntaria por dinero a precios de mercado. Un sistema como éste maximiza los beneficios de los recursos disponibles en una sociedad sin la intervención del gobierno.
La doctrina original del laissez faire, que significa “déjenos hacer” en francés, sostenía que el gobierno debe interferir lo menos posible en los asuntos económicos y dejar el desarrollo de la economía a la interacción natural de la oferta y la demanda en el mercado.
Sin embargo, las depresiones económicas ocurridas en Occidente durante la tercera y cuarta décadas del siglo XX destrozaron las economías de los Estados Unidos y otros países industrializados, lo que los obligó a abandonar parcialmente esta doctrina.
Así, en 1936, John Maynard Keynes propuso en su libro revolucionario Teoría general del empleo, el interés y el dinero que la mano visible del gobierno debe reemplazar, al menos en parte, la mano invisible del mercado.
Con atención a las prescripciones keynesianas, a partir de entonces los gobiernos de la mayoría de países asumieron un papel económico en constante expansión, regulando monopolios, recaudando impuestos sobre la renta y proporcionando seguridad social como compensación por desempleo o pensión para los ancianos.
En alusión a Samuelson de nuevo, él afirmaba que en realidad ninguna economía se ajusta totalmente al ideal de una mano invisible que opera sin obstáculos. Más bien, toda economía de mercado adolece de imperfecciones que conducen a males como la contaminación excesiva, el desempleo y los extremos de riqueza y pobreza.
Por todos estos motivos, cualquier gobierno en cualquier parte del mundo, ya sea conservador o liberal, interviene en los asuntos económicos. Y en una economía moderna como la nuestra, el gobierno tiene que desempeñar varias funciones orientadas en particular a corregir los defectos del mecanismo de mercado.
Las fuerzas armadas, la implementación de políticas, un gran número de escuelas y universidades, el funcionamiento de ciertos centros de salud y hospitales y la construcción de carreteras, todos ellos son aspectos que dependen del gobierno y requieren financiamiento suyo.
Los gobiernos pueden regular algunos negocios -como la banca y las compañías de seguro-, y subvencionar otros -como la agricultura y distintas industrias de pequeña escala-. Y, por último, fijan impuestos a los ciudadanos y redistribuyen los ingresos entre los pobres y también entre las personas jubiladas.
Cuatro funciones del gobierno en una economía de mercado
Según Samuelson y otros economistas modernos, son cuatro las funciones principales del gobierno dentro de una economía de mercado: aumentar la eficiencia, aportar infraestructura, promover la equidad y fomentar la estabilidad y el crecimiento macroeconómicos.
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Eficiencia
Primeramente, el gobierno debe intentar corregir las fallas del mercado, como el dominio de los monopolios y el exceso de contaminación, para asegurar el funcionamiento eficiente del sistema económico.
Las externalidades (o costos sociales) sobrevienen cuando las empresas o las personas imponen costos o beneficios a otras fuera del mercado.
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Infraestructura
En segundo lugar, el gobierno debe aportar a la sociedad una infraestructura integrada. La infraestructura (o capital social general) se refiere a aquellas actividades que mejoran, de manera directa o indirecta, los niveles de producción o la eficiencia en la producción.
Elementos esenciales de la misma son los sistemas de transporte, la generación de energía, el acceso a la comunicación, la banca pública, instalaciones educativas y de salud y una estructura política y de gobierno con un buen ordenamiento.
Dado que son muy altos los costos de brindar estos servicios y sus beneficios inciden en numerosos grupos de personas, tales actividades deben ser financiadas por el gobierno.
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Equidad
Los mercados no necesariamente dan lugar a una distribución social de los ingresos que pueda considerarse justa o equitativa. Una economía de mercado puede ocasionar niveles inaceptablemente altos de desigualdad en los ingresos y la posición social.
Los programas del gobierno que promueven la equidad usan los impuestos y el gasto público para redistribuir el ingreso hacia los grupos más vulnerables.
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Estabilidad o crecimiento económico
En cuarto lugar, el gobierno depende de los impuestos, los gastos y la regulación monetaria para fomentar la estabilidad y el crecimiento macroeconómicos con el fin de reducir el desempleo y la inflación, lo que a su vez es recíproco respecto de la prosperidad económica.
Las políticas macroeconómicas de estabilización y crecimiento incluyen políticas fiscales -de impuestos y gasto público- junto con políticas monetarias -que afectan las tasas de interés y las condiciones crediticias-.
A partir del desarrollo de la macroeconomía en la década de 1930, los gobiernos han diseñado varios mecanismos para controlar la inflación y el desempleo.
Los roles del Estado en las economías actuales
En la actualidad hay actividades que no se llevan a cabo en absoluto sin la intervención del Estado hasta actividades en las que el Estado desempeña un papel activo en coordinar los mercados o redistribuir los activos.
Los países cuyos Estados tienen más limitaciones deben priorizar roles básicos, es decir, la provisión de bienes públicos puros, como los derechos de propiedad, la estabilidad macroeconómica, el control de enfermedades infecciosas, el uso de agua potable, el mantenimiento de carreteras y la protección de los indigentes.
Reformas recientes han hecho hincapié en los fundamentos económicos, pero los fundamentos sociales e institucionales, incluidos los legales, son igualmente relevantes para evitar el malestar de la sociedad y garantizar un desarrollo sostenido.
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Más allá de estos servicios básicos están las funciones intermedias, como la gestión de externalidades, la regulación de monopolios y la provisión de seguros sociales.
Los Estados con mayores capacidades pueden asumir funciones y actividades adicionales, contribuyendo con un papel de coordinación para lidiar con el problema de mercados faltantes.
Hacer coincidir un rol gubernamental con la capacidad implica no sólo lo que hace el Estado sino también cómo lo hace. Repensar el Estado también significa explorar instrumentos alternativos, existentes o nuevos, que puedan mejorar su efectividad general.
Así, por ejemplo, en la mayoría de las economías modernas, el papel regulador del Estado es ahora más amplio y más complejo que nunca y cubre áreas como el medio ambiente y el sector financiero, así como áreas más tradicionales.
Aunque aún tiene un papel central en garantizar el acceso a los servicios básicos -educación, salud, infraestructura, etc.-, no es obvio que deba ser el único proveedor o siquiera verse obligado a hacerlo por carencias estructurales.
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