Dos alternativas para la reducción del gasto público en México según expertos

Escrito por Escuela de Gobierno y Economía
en noviembre 03, 2025

El año pasado, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto que proponía un gasto público de 9,3 billones de pesos en este 2025.

Parece una cantidad suficiente, pero una parte importante ya estaba comprometida en las pensiones, los programas sociales y la deuda. A su vez, hubo una reducción real de -3,3%, es decir, una rendición significativamente menor frente a lo considerado en 2024, debido a la inflación y otros factores.

Esto dejó menos capital para financiar programas de infraestructura, ciencia o para el fortalecimiento de las instituciones públicas, sectores cruciales para la productividad y la competitividad. A ello, hay que sumar las varias dependencias que deben operar con recursos ya de por sí ajustados.

Estamos por entrar al 2026 y, aunque ya se entregó el Paquete Económico correspondiente, el panorama muestra un desafío importante para la administración política en la gestión de recursos económicos.

¿Qué se debe priorizar y con base en qué?

Especialistas en finanzas públicas, centros de investigación y organismos internacionales han insistido en la necesidad de revisar con lupa y lujo de detalle cómo se gasta el erario y no solo prestar atención a las cantidades.

Cabe aclarar que esto no significa necesariamente recortar programas sociales, más bien, de lo que se trata es de reordenar, evaluar y reasignar de manera estratégica, lógica y comprobada el financiamiento.

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A continuación, se presentan dos alternativas para mejorar la eficiencia del gasto público de México en el presente por parte de expertos en el tema:

Reordenar prioridades de gasto e impulsar la inversión productiva – IMCO

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Paquete Económico 2026 evidencia un deterioro del gasto público en inversión física, que será el más bajo en 16 años. Esto significa que no es fiscalmente responsable en cuanto no cumple con el principio de Equilibrio Presupuestario.

El gasto supera con creces a los ingresos y la planeación rompe con la regla de oro (toda la deuda debe usarse para fines productivos). En su lugar, aumentan los recursos destinados al pago de deuda y programas sociales.

El IMCO, ante este panorama, propone una reorganización del gasto que priorice proyectos con rentabilidad económica y social comprobada, así como una mejor planeación multianual para reducir la discrecionalidad en la asignación presupuestal.

El organismo también sugiere optimizar la calidad del gasto en infraestructura a través de mecanismos de evaluación ex ante y ex post, con el fin de evitar duplicidades y obras con bajo impacto.

Además, plantea digitalizar procesos administrativos y consolidar plataformas que permitan monitorear el avance físico y financiero de los proyectos públicos.

Estas medidas implican usar con mayor eficiencia el capital al reducir costos administrativos y favorecer la inversión productiva, indispensable para sostener el crecimiento y la competitividad del país.

Ampliar la base fiscal sin elevar tasas – OCDE

La OCDE había proyectado para México un 2025 con crecimiento débil y recomendado sostener la consolidación fiscal sin ahogar la inversión. Esto significa que el énfasis está en cuidar las finanzas públicas sin recortar el presupuesto destinado a inversión productiva y desarrollo, pues es este gasto el que impulsa el crecimiento y la competitividad.

Una forma de hacerlo, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, consiste en recaudar mejor antes que “cobrar más”.

Concretamente, el organismo aconseja que el país amplíe su base de contribuyentes, especialmente quienes están en el negocio informal o no están registrados ante Hacienda.

A su vez, que se reduzcan los tratamientos preferenciales como exenciones o descuentos fiscales, ya que merman ingresos sin respaldar su eficiencia o equidad.

Finalmente, añade fortalecer el uso de cruces de información para combatir la evasión. Dicho de otro modo, si esos beneficios no justifican un aporte al desarrollo, se deben eliminar para no perder dinero público.

La propuesta apunta a estabilizar los ingresos públicos sin provocar choques fiscales que ahuyenten la inversión privada. Cuando más personas contribuyen, las finanzas públicas se vuelven menos vulnerables a los altibajos de la economía. Esto asegura que los programas sociales sigan funcionando y que la inversión pública productiva no se detenga.

Oficinas del SAT en CDMX

El gasto público, en términos reales, se ha achicado; la economía apenas crece y la inversión estatal sigue controlada, tal como proyecta la OCDE. Con ese escenario, tiene sentido concentrar los subsidios en quienes más los necesitan, ordenar mejor la administración para liberar recursos y ampliar la base fiscal sin subir impuestos.

Es un triángulo lógico en el que todo gira en torno a la gestión basada en evidencia: decisiones apoyadas en indicadores claros, revisiones frecuentes y transparencia real.

Pero hay algo que casi no se menciona, y es que la calidad del gasto depende de las personas que lo piensan y lo ejecutan. El país necesita funcionarios que dominen técnicas presupuestarias, sepan evaluar políticas, entiendan de economía pública y puedan manejar datos sin contratiempos. Gente capaz de transformar límites fiscales en proyectos viables y coherentes.

Esa formación técnica ayuda a eludir sesgos al asignar recursos y hace que cada impuesto valga. Al final, el debate presupuestario tiene mejores resultados cuando los equipos públicos disponen de las herramientas para leer el contexto, diseñar reglas sencillas y defender sus decisiones con hechos.

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