Convivimos con las políticas públicas diariamente y su objetivo como estrategias de cohesión social se centra en la búsqueda del del bienestar colectivo y la resolución de conflictos.
En el presente artículo, exploraremos la evolución de las políticas públicas en México a lo largo de las últimas dos décadas. Un recorrido que refleja las transformaciones en el ámbito gubernamental y su impacto directo en la sociedad.
El telar político de dos décadas
En el cambio de milenio, el Estado se encontraba en medio de una transición política y económica. La globalización, la tecnología emergente y los retos internacionales configuraban un escenario complejo.
Las políticas públicas, como herramientas de la administración, se volvieron indispensables mecanismos para solventar las necesidades del país en este contexto.
Así, durante los últimos 20 años, hemos sido testigos de su transformación dentro de una nación que ha buscado adaptarse y mejorar constantemente. A continuación, presentamos las principales directrices que tomaron dichas políticas:
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Apertura a la participación ciudadana
A principios de los años 2000, se observó un cambio hacia una mayor apertura a la participación ciudadana en el diseño y evaluación de estrategias públicas.
Los gobiernos reconocieron la importancia de incorporar las voces de la sociedad para asegurar medidas más equitativas, efectivas y democráticas.
La creación de consultas populares y foros de discusión abierta ha permitido a la ciudadanía expresar sus preocupaciones y sugerir soluciones.
Se han puesto en marcha medidas de transparencia y acceso a la información, consultas públicas para proyectos clave, y se han establecido principios de participación en la legislación, como la Ley General de Desarrollo Social en el año 2003.
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Desarrollo sostenible como eje central
Con el crecimiento económico y la proyección de posibles riesgos en materia de medio ambiente, no se podía ignorar la integración de conceptos de desarrollo sostenible.
En el 2001 se creó la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para emprender la conservación, restauración y manejo sostenible de los recursos forestales.
Una década más tarde, se aprobaron reformas estructurales que incluían la apertura del sector energético a la inversión privada para promover el uso de energías renovables y México presentó sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) como parte de los compromisos climáticos internacionales.
Con la Ley de Transición Energética se buscó fomentar el uso de fuentes de energía limpias y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Actualmente, figuran programas como "Sembrando Vida", lanzado en febrero de 2019, el cual evidencia esta nueva perspectiva al vincular la reforestación con la generación de empleo y el desarrollo comunitario.
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Modernización tecnológica en la administración pública
Se ha experimentado un proceso continuo de modernización tecnológica en la administración pública con el propósito de aumentar la eficiencia y la accesibilidad de los servicios gubernamentales.
Esta transformación incluye la digitalización de trámites y servicios, lo que brinda a los ciudadanos la opción de realizar gestiones electrónicas para reducir la burocracia.
Asimismo, la modernización de infraestructuras tecnológicas ha sido una prioridad con la actualización de hardware y software para optimizar la capacidad de respuesta del gobierno ante las demandas ciudadanas.
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Combatiendo la pobreza y el hambre
Programas emblemáticos como Oportunidades, creado en marzo del 2002, (rebautizado posteriormente como Prospera y más recientemente como Programa para el Bienestar) se han gestionado con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas.
Estos tenían el objetivo de abordar la pobreza extrema aportando apoyo económico directo a las familias y vinculando la ayuda a condiciones relacionadas con la educación y la salud para promover el desarrollo integral.
La atención a la seguridad alimentaria también ha sido una preocupación central. Salió a la luz en 2014 el Programa Nacional México Sin Hambre, que se enfoca en garantizar el acceso a alimentos nutritivos y estimular la producción agrícola sostenible.
También se han implementado esfuerzos para incrementar los estándares de nutrición de los alimentos proporcionados a través de estrategias de asistencia alimentaria.
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Salud y seguridad: enfrentando las crisis
En el ámbito de la salud, se optó por mecanismos para facilitar el acceso a servicios médicos, especialmente para aquellos en situaciones de vulnerabilidad.
La creación del Seguro Popular en 2003 funcionó para proporcionar cobertura médica a millones de mexicanos que carecían de seguridad social.
Este fue posteriormente reemplazado por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en 2020, con el objetivo de garantizar atención médica gratuita y de calidad a toda la población.
En cuanto a la seguridad, México ha enfrentado desafíos significativos debido a la violencia relacionada con el crimen organizado.
Se han incursionado diversas estrategias, desde operativos militares hasta enfoques más orientados hacia la prevención del delito y la participación ciudadana.
En el 2018 se dio un giro en la estrategia, ahora se priorizaba la atención a las causas estructurales de la violencia, la inclusión social y el respeto a los derechos humanos.
Podemos ver que se refleja un esfuerzo constante por parte del gobierno mexicano por adaptarse a los cambios y mejorar la calidad de vida de la población.
A pesar de los avances, persisten desafíos, y se resalta la importancia de seguir evaluando y fortaleciendo las políticas públicas para enfrentar las complejidades de la sociedad mexicana.
A medida que la política avanza, es responsabilidad de los juristas contribuir al diseño de un marco legal que refleje las necesidades y aspiraciones de una sociedad en constante transformación, así como de la población en general, de mantenerse informada y participar como pueblo para lograr dichas metas.
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