El tráfico de influencias corroe el sistema de justicia y la administración pública, destruye la confianza en las instituciones y perpetua la impunidad.
El delito se presenta cuando un servidor público utiliza su posición para obtener beneficios personales o para terceros e interfiere en la toma de decisiones de otros funcionarios. Dicha práctica, lamentablemente común, pone en peligro el Estado de derecho y el desarrollo equitativo del país.
En México, está tipificado en el Código Penal Federal, y aunque existen sanciones claras, enfrentar este delito requiere más que conocer la ley.
¿Cómo identificar el tráfico de influencias?
Reconocerlo en la práctica puede ser complejo debido a que muchas de sus manifestaciones se presentan de forma sutil. A continuación, ofrecemos algunas pautas para identificarlo:
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Relaciones inapropiadas:
Cuando se observa una relación cercana y sospechosa entre servidores públicos que no tienen razones laborales o de jerarquía para interactuar de manera constante.
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Retrasos o adelantos injustificados en trámites:
Si se retrasa o acelera un trámite de manera inusual, especialmente cuando existe un aprovechamiento personal o de terceros.
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Beneficios otorgados a familiares o socios:
La asignación de contratos, licencias o concesiones a familiares, amigos o socios comerciales de un funcionario.
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Intervenciones sin justificación:
Al intervenir alguien en la toma de decisiones de otras autoridades públicas sin estar facultado para hacerlo, especialmente si existen ventajas económicas o de otra índole para personas cercanas.
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Presión o coacción:
La inducción o coacción de un servidor público hacia otro para que realice acciones contrarias a sus obligaciones.
En caso de sospecha de tráfico de influencias, lo primero es recopilar toda la información disponible que respalde la irregularidad, como documentos, comunicaciones o testigos.
Posteriormente, se reporta la situación a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual tiene la facultad de investigar y sancionar estas conductas. Además, es importante actuar con cautela para proteger la confidencialidad y evitar cualquier tipo de represalia.
¿Cómo hacerle frente al tráfico de influencias?
Una vez que se ha identificado un posible caso, es fundamental saber cómo actuar para erradicarlo. Existen diversas estrategias que tanto instituciones como ciudadanos pueden implementar para reducir dicha práctica:
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Cultura de la denuncia:
Fomentar en los servidores públicos y ciudadanos el valor de reportar actos de corrupción a las autoridades competentes.
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Capacitación constante:
Que los funcionarios reciban formación continua en temas de ética y prevención para que puedan evitar, reconocer y rechazar estas conductas en su entorno laboral.
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Mecanismos de control internos y externos:
Es responsabilidad de las instituciones públicas poder apoyarse en sistemas de auditoría y control que detecten irregularidades en la toma de decisiones y en la asignación de recursos.
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Sanciones ejemplares:
Las autoridades judiciales deben asegurar que los delitos de esta naturaleza se castiguen conforme a la ley, con penas efectivas que sirvan de disuasión para futuros infractores.
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Transparencia y la rendición de cuentas:
La publicación de las acciones tomadas por trabajadores del gobierno, especialmente en relación con la adjudicación de contratos o la ejecución de programas, ayuda a prevenir dicho flagelo.
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Hacer frente al tráfico de influencias no es solo responsabilidad de las autoridades; requiere de la colaboración de ciudadanos, organizaciones y servidores públicos comprometidos con la legalidad.
Como punto final, para enfrentar este problema adecuadamente, es necesario que quienes tienen la capacidad de influir en el sistema cuenten con una preparación sólida en temas de ética, además de un profundo compromiso con el servicio público.
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