El abuso de autoridad es un problema grave que afecta a la sociedad mexicana debido a su capacidad sin par para erosionar la confianza en las instituciones y generar una cultura de temor.
Cuando los servidores públicos abusan de su poder, violan los derechos de los ciudadanos y socavan la legitimidad del Estado, lo que conlleva una disminución de la participación ciudadana y una mayor desigualdad social.
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Además, genera y alimenta una cultura de impunidad, donde los responsables de estas conductas no son sancionados adecuadamente. Esto refuerza la percepción de que el poder es arbitrario y no está sujeto a regla alguna.
En este artículo, abordamos cómo el marco jurídico mexicano atiende esta problemática.
El Código Penal Federal castiga el abuso de poder
De acuerdo con el Artículo 215 del Código Penal Federal, cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las siguientes conductas:
- Impedir la ejecución de una ley, decreto, reglamento, cobro de impuestos o cumplimiento de una resolución judicial, solicitando o empleando la fuerza pública.
- Ejercer violencia, vejación o insulto a una persona sin causa legítima. (Derogada en 2017).
- Retardar o negar indebidamente la protección, servicio u obstaculizar la presentación o curso de una solicitud.
- No despachar injustificadamente un asunto pendiente cuando estando encargado de administrar justicia.
- Omitir el auxilio requerido legalmente por una autoridad competente.
- Reciba como presa, detenida, arrestada o interna a una persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente; niegue que está detenida, si lo estuviere; o no cumpla la orden de libertad girada por la autoridad competente. No denunciar o hacer cesar una privación ilegal de libertad.
- Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar.
- Apropiarse o disponer indebidamente de fondos o valores confiados.
- Obtener dádivas, servicios o valores indebidamente de algún subalterno.
- Otorgar empleos, cargos, comisiones o contratos a sabiendas de que no se prestará el servicio.
- Contratar o autorizar el contrato a una persona inhabilitada o incompetente.
- Otorgar identificaciones de servidor público a quien no lo es.
- Obligar al inculpado a declarar mediante incomunicación, intimidación o tortura.
- Obligar a declarar a personas protegidas.
- Omitir el registro de la detención o demorar injustificadamente la puesta a disposición del detenido.
Sanciones por abuso de autoridad
Las sanciones por cometer el delito de abuso de autoridad varían de acuerdo con las conductas específicas:
- Para las conductas previstas en las fracciones I a V y X a XII, la sanción es de 1 a 8 años de prisión, 50 a 300 días multa, y destitución e inhabilitación de 1 a 8 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
- Para las conductas de las fracciones VI a IX, XIII, XIV y XV, la sanción es de 2 a 9 años de prisión, 70 a 400 días multa, y destitución e inhabilitación de 2 a 9 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Adicionalmente, se sanciona a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones indebidas.
El Código Penal Federal establece un marco jurídico amplio para regular y sancionar el abuso de autoridad por parte de los servidores públicos en México. Esta normativa busca proteger los derechos de los particulares y garantizar el correcto ejercicio de la función pública.
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Sin embargo, es necesario fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de estas conductas para lograr una efectiva rendición de cuentas y combatir este grave problema a nivel estructural, lo que implica la cultura, la divulgación y formación en materia de anticorrupción.
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