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Escrito por Escuela de Gobierno y Economía
en diciembre 22, 2022

Tanto la corrupción, en general, como el lavado de dinero son fenómenos que actúan en detrimento del desarrollo humano, la seguridad ciudadana y las economías de las naciones. 

En sí, la corrupción contribuye a mantener estancados o a aumentar los niveles de pobreza en distintas poblaciones. Y, a su vez, el lavado de dinero refuerza la corrupción, como otros tipos de delincuencia cuya finalidad principal es el lucro.

Ambos problemas casi siempre ocurren de manera conjunta y se retroalimentan. Sin embargo, y quizás lo que cabe puntualizar con mayor énfasis, la presencia de uno -cualquiera de los dos- tiende a producir y a dar soporte recíproco a la incidencia del otro.

El soborno es la modalidad más común de corrupción; mientras que el soborno activo denota a la parte que propone el incentivo, el soborno pasivo alude a la parte que lo recibe. Esto es válido aunque se rechacen anticipos o aún no se haya producido el intercambio, la intención lo determina.

También las grandes empresas y corporaciones pueden ser responsables por delitos de corrupción. No obstante, su grado de responsabilidad penal por actos delictivos de empresas subordinadas resulta menos claro. 

Existe un consenso creciente sobre el hecho de que la corrupción también puede materializarse entre dos empresas privadas. Conviene hacer notar esto, ya que, anteriormente, categorizar una actividad como corrupta presumía la participación de algún funcionario del gobierno.

El lavado de dinero, es decir, el proceso que conlleva ocultar el orígen ilegal de dinero derivado del delito, tiene lugar después de que un delito a gran escala haya puesto capital en manos de sus destinatarios

La práctica ha adquirido un estatus cada vez más internacional debido al crecimiento de la delincuencia transfronteriza y la expansión del comercio internacional legítimo

A pesar de que los delincuentes que lo practican han tenido que enfrentarse a un número mayor de obstáculos para devolver el dinero sucio a sus países de origen, aún pueden recurrir a procedimientos que aprovechan los sectores financieros globalizados.

 

La dificultad para abordar el nexo entre ambos 

A la mayoría de los países les es difícil abordar con éxito la corrupción y el lavado de dinero como parte de una misma problemática, pues la estrecha relación entre los dos ha tendido a considerarse a partir de un sesgo histórico y burocrático

Con bastante frecuencia, las políticas y las instituciones que pretenden combatirlos se crean sin la capacidad de resolver múltiples delitos relacionados entre sí, pero, de cualquier manera, distintos el uno del otro.

Las unidades de inteligencia financiera encargadas de prevenir el lavado de dinero contemplan a la corrupción como algo que trasciende su área de responsabilidad y, a menudo, los organismos anticorrupción se conducen de forma similar cuando se trata de lavado de dinero.

Algunas autoridades sugieren que el lavado de dinero y la corrupción no se manejan como prioridades nacionales y que varios países en desarrollo establecen leyes, reglamentos e instituciones anticorrupción simplemente para impresionar a la comunidad mundial en lugar de encarar los temas con la debida formalidad.

 

Propuestas para prevenirlos

Varios expertos coinciden en que la herramienta más importante para prevenir la corrupción son los registros para dar seguimiento a los activos e ingresos de los funcionarios públicos. 

Registros como éstos podrían ser actualizados y auditados de manera regular, presionando a los funcionarios a hacer declaraciones de todos sus activos y pasivos y sirviendo como punto de referencia para descubrir irregularidades en sumas posteriores. 

Estas declaraciones también pueden incluir activos derivados de cónyuges y familiares inmediatos, en particular de aquellos empleados en puestos con un impacto significativo y de alto nivel.

Dadas las funciones de las unidades de inteligencia financiera en la recopilación, el análisis y la difusión de datos financieros, el manejo adecuado de la información confidencial es sumamente relevante, ya que la divulgación no autorizada de tales datos puede tener graves consecuencias. 

Las prácticas previas apuntan a que las políticas de información deben incorporar disposiciones para clasificar la información confidencial, así como regular el acceso restringido a la información. 

Las unidades de inteligencia financiera asimismo pueden adoptar principios de gestión de riesgos que exigen una protección de datos más completa, con aspectos como el control dual, la verificación cruzada y una delimitación más específica de deberes y funciones.

No es novedad alguna que la corrupción judicial también representa una amenaza para el buen funcionamiento de estas políticas y del propio sistema de justicia. Los jueces pueden ser vulnerables a influencias indeseables, particularmente en entornos donde están mal remunerados, los nombramientos tienden a la arbitrariedad y existe una falta general de capacitación en la lucha contra la corrupción.

Y debido a que las circunstancias en que las resoluciones para acusar a funcionarios públicos de alto rango por corrupción recaen en ministros generan conflictos de interés, en casos como éstos la autoridad fiscal debe tener autonomía y operar fuera del gobierno.

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