La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado sectores clave, lo que plantea interrogantes sobre su impacto y control. En el caso de México, la creación de un marco normativo adecuado se presenta como un desafío ineludible dadas las implicaciones éticas, sociales y económicas que emergen de su aplicación.
A nivel global, las normativas sobre IA han cobrado relevancia y se han vuelto el epicentro de debates en organismos internacionales y legislaciones nacionales. Sin embargo, ¿qué avances concretos existen? ¿Es posible hablar de una normativa clara y consistente en nuestro país?
Analizar la regulación de la IA en México implica comprender no solo los esfuerzos actuales, sino también los vacíos normativos que persisten. La intersección entre tecnología y derecho demanda atención urgente, así como una reflexión estratégica sobre el futuro.
Panorama normativo
México se encuentra en una etapa incipiente en cuanto a la regulación de la IA. Aunque existen esfuerzos dispersos, no se cuenta con una legislación específica que atienda de manera integral los retos que plantea esta tecnología.
La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) contienen disposiciones aplicables de manera tangencial, pero no atienden los retos particulares que surgen de la utilización de sistemas basados en IA.
Entre 2020 y 2024 se han presentado 58 iniciativas legislativas que mencionan el término "Inteligencia Artificial". Sin embargo, ninguna ha avanzado más allá del estado de "pendiente".
Estas iniciativas, que van desde reformas constitucionales hasta propuestas de leyes específicas, evidencian la creciente preocupación por los desafíos asociados a la IA.
Por ejemplo, algunas propuestas abordan el uso de tecnologías para combatir los deepfakes, tipificando como delitos la creación de contenidos digitales que comprometan la identidad de las personas. Otras buscan implementar principios éticos en la generación de algoritmos y fomentar su transparencia.
De igual manera, instituciones como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han mostrado interés en la materia, aunque sus acciones se limitan a recomendaciones sin fuerza coercitiva.
El desarrollo de la Agenda Nacional Mexicana de Inteligencia Artificial, elaborada por la Secretaría de Economía y la Coalición IA2030MX, representa un paso adelante.
Este documento busca establecer lineamientos para fomentar la innovación y el uso responsable de la IA en el país, pero carece de mecanismos ejecutivos que aseguren su cumplimiento.
Asimismo, el sector privado ha promovido autorregulaciones, entre las que se destacan los códigos de ética empresarial que, si bien son un aporte valioso, no sustituyen la necesidad de normativas obligatorias.
Retos y oportunidades
El principal reto radica en cerrar la brecha entre el avance tecnológico y la capacidad regulatoria. La complejidad de la IA, combinada con la rapidez de su evolución, dificulta el diseño de leyes que sean tanto flexibles como efectivas.
Además, existe una falta de especialización en los operadores jurídicos respecto a las particularidades de estas herramientas digitales, lo que limita su aplicación correcta en controversias legales.
Por otro lado, la regulación de la IA también representa una oportunidad para posicionar a México como un referente en la región.
Un marco normativo que equilibre la innovación tecnológica con la protección de derechos podría atraer inversiones, fomentar la investigación y fortalecer la confianza de la sociedad en tales innovaciones.
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La colaboración entre el sector público, la academia y la industria privada será esencial para resolver esta problemática. En particular, se requiere promover el estudio interdisciplinario que permita entender las implicaciones jurídicas, éticas y sociales de la IA, así como diseñar estrategias regulatorias adaptativas.
La capacitación y especialización jurídica son indispensables para abordar los retos que plantea la IA, así como para contribuir al diseño de un marco normativo que garantice equidad, transparencia y sostenibilidad en los próximos años.
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