La corrupción supera el ámbito político y es un problema gravísimo en el sector privado. Entre los mayores retos que enfrentan las compañías en la prevención de la corrupción empresarial destacan:
- El soborno como práctica encubierta para asegurar contratos o agilizar trámites.
- El fraude en procesos internos, adquisiciones y reportes financieros.
- El lavado de activos mediante operaciones simuladas o triangulaciones.
- La ausencia de una cultura ética sólida al interior de las organizaciones.
- La omisión de conflictos de interés en puestos clave.
- La presión por alcanzar resultados que favorece decisiones de dudosa legalidad.
¿Por qué es necesario contar con políticas anticorrupción?
Ante un panorama como este, las organizaciones requieren políticas anticorrupción, es decir, un conjunto de directrices internas que define conductas prohibidas, establece procedimientos de prevención y fija sanciones en caso de incumplimiento.
Estas políticas se añaden al programa de integridad o sistema de compliance anticorrupción de la empresa con el objetivo de generar una cultura basada en la honestidad y el respeto a la ley.
Definir lineamientos claros y respetarlos fortalece la credibilidad de las instituciones privadas ante inversionistas, clientes y autoridades. Al respecto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su documento “Guía anticorrupción para las empresas”, menciona:
“Las empresas deben tomar un papel proactivo en la prevención de la corrupción, no solo por razones legales, sino porque ello impacta directamente en su sostenibilidad y reputación”
Un código escrito no sustituye la responsabilidad individual, pero sí marca la pauta de lo que se espera y se permite dentro de una compañía. Su utilidad radica en que establece límites claros y anticipa escenarios de riesgo con una respuesta institucional bien estructurada.
Normas aplicables y estándares de referencia
En el caso de México, la Ley General de Responsabilidades Administrativas determina que las personas morales son susceptibles de incurrir en actos de corrupción si no cuentan con mecanismos adecuados de prevención.
Esta norma impulsa la creación de sistemas internos de control que actúan como barreras frente a conductas ilícitas.
Además de la legislación nacional, existen marcos internacionales de reconocido prestigio, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), un tratado internacional jurídicamente vinculante o la norma ISO 37001, orientada a sistemas de gestión antisoborno.
Ambos documentos ofrecen directrices útiles para desarrollar estrategias internas alineadas con las mejores prácticas globales.
Al implementar estos modelos, las corporaciones elevan sus estándares de operación, se posicionan mejor frente a socios internacionales y suelen superar procesos de auditoría externa con éxito.
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Conductas restringidas y consecuencias jurídicas
Toda política debe enumerar de forma específica las acciones que están prohibidas. Entre ellas:
- Ofrecer o aceptar pagos ilegítimos.
- Desviar fondos.
- Falsificar documentación.
- Realizar aportaciones indebidas a campañas políticas.
- Ocultar relaciones personales relevantes en contrataciones.
Las sanciones pueden incluir desde amonestaciones internas hasta la terminación del contrato laboral.
En casos graves, la empresa podría enfrentar multas, procesos administrativos o penales, inhabilitación para participar en licitaciones públicas y daño irreversible a su reputación institucional.
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¿Quiénes están sujetos a estas reglas?
Una política anticorrupción no debe aplicarse de forma selectiva. Incluye a todos los niveles jerárquicos: consejo directivo, gerencias, personal administrativo y operativo. Además, es esencial extenderla a proveedores, representantes, consultores externos y cualquier tercero que actúe en nombre de la empresa.
Las cláusulas contractuales reflejan esta expectativa. Exigir compromisos éticos en las relaciones comerciales ayuda a proteger a la organización frente a actos que, aunque ajenos a su estructura interna, puedan vincularla legalmente.
¿Es obligatorio tener una política anticorrupción?
La legislación mexicana no obliga a todas las empresas a contar con una política formal, pero sí lo exige cuando se participa en procesos públicos de contratación. Además, la ausencia de controles internos suele agravar la situación en caso de un señalamiento o investigación.
Cada vez más, valerse de mecanismos preventivos es requisito para mantener relaciones comerciales con clientes grandes, entidades financieras y organismos internacionales.
Claves para una implementación efectiva
Para garantizar que la política anticorrupción sea exitosa en la práctica se necesitan algunos aspectos clave:
- Diagnóstico de riesgos específicos: identificar procesos críticos, relaciones vulnerables y zonas geográficas con mayor exposición.
- Compromiso visible del liderazgo: la dirección debe respaldar activamente la iniciativa.
- Capacitación periódica: asegurar que todos comprendan sus obligaciones y los mecanismos existentes.
- Sistema de monitoreo y revisión: evaluar avances, actualizar medidas y corregir desviaciones.
- Canales de denuncia confidenciales: habilitar medios seguros y accesibles para reportar irregularidades.
Estas acciones permiten que la política deje de ser un documento aislado y se convierta en una herramienta de gestión eficaz en el día a día.
Principales obstáculos
Uno de los retos más recurrentes es la resistencia interna. En empresas donde nunca se ha hablado abiertamente del tema, introducir controles puede percibirse como una señal de desconfianza. La clave está en comunicar con claridad que el objetivo es proteger tanto a la organización como a quienes la integran.
También es común que se presenten dificultades para identificar riesgos reales o diseñar políticas proporcionales a la dimensión de la empresa. En estos casos, se sugiere recurrir al acompañamiento de expertos o el uso de herramientas como un modelo de gestión de riesgos.
Finalmente, el éxito depende en gran parte de la coherencia institucional. Si las reglas no se aplican por igual a todos, pierden fuerza y credibilidad.
La mejor política es la que se conoce, se ejecuta y se revisa. Para lograrlo, es indispensable disponer de procesos de formación continua, espacios de reflexión ética y asesoría profesional que permita adaptar los sistemas de integridad a la realidad de cada empresa.
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Referencias:
- Centro Mexicano para la Filantropía. (2006). Fundamentos de la responsabilidad social empresarial. Cemefi.
- International Organization for Standardization. (2016). ISO 37001:2016 - Sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con orientación para su uso (traducción oficial). ISO.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2013). Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas: Guía práctica. Naciones Unidas.
- Secretaría de la Función Pública (México). (2023). Modelo de Política de Integridad Empresarial. Disponible en: https://www.gob.mx/buengobierno/documentos/modelo-de-politica-de-integridad-empresarial
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