¿Qué tienen en común una empresa petrolera que hace acciones indebidas para evitar su colapso financiero y un sistema de salud que deja a niños sin medicinas? Así es, la práctica de la corrupción que afecta a los ciudadanos directa o indirectamente y vicia todo el sistema no sólo político, sino también empresarial.
La pérdida de integridad en operaciones comerciales es algo que debemos evitar a toda costa, ya que debilita el ambiente de negocios y aumenta la desconfianza creciente en las instituciones, en un periodo crítico en el que las empresas representan un alto poder social y están continuamente vinculadas a la política y la sociedad.
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La corrupción deja cicatrices en diversas industrias, merma recursos y erosiona valores fundamentales, sin los cuales no es posible abrir paso a un progreso verdaderamente íntegro. No obstante, revisar episodios como los que exponemos, que marcaron la última década en nuestro país, nos puede ayudar a evitar que sigan ocurriendo sucesos similares.
A continuación, te presentamos estos 4 casos paradigmáticos de corrupción empresarial reciente que nos brindan lecciones esenciales para el futuro (y también para el presente).
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El escándalo de Odebrecht
La firma Odebrecht protagonizó uno de los casos más sonados de corrupción de Latinoamérica cuando se vio envuelta en un entramado de sobornos a altos ejecutivos y funcionarios de al menos 14 países con el propósito de asegurar contratos de infraestructura.
En el caso de México, directivos de la constructora brasileña confesaron haber pagado sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014. Las investigaciones revelaron que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex (2012–2016), recibió estos pagos a cambio de otorgar contratos, incluyendo obras en la refinería de Tula (Hidalgo), Minatitlán (Veracruz), y Salamanca (Guanajuato).
En todas ellas hubo adjudicación directa, sobreprecio en los pagos y ampliaciones presupuestales irregulares.
Tras destaparse el escándalo, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de aprehensión contra Lozoya y allegados en 2019. Sin embargo, el caso sigue abierto, reflejo de las dificultades para sancionar la corrupción de alto nivel.
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La “Estafa Maestra”
La nombrada “Estada Maestra” debe su nombre a que es considerada por algunos el caso de desvío de recursos más grande de la historia de México.
Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la investigación periodística que destapó el caso, desde el año 2013 se desviaron más de 7,760 millones de pesos de dinero público mediante un esquema ilegal de contratación.
Las investigaciones pusieron en evidencia cómo se manipularon procesos administrativos a través de una red que involucró a 11 dependencias del Estado, 8 universidades públicas, múltiples empresas privadas y más de 50 servidores públicos.
Las universidades subcontrataron a más de un centenar de empresas fantasma (compañías sin capacidad real operativa), por lo que el dinero terminó en manos privadas sin que los servicios fueran efectuados.
Entre las dependencias afectadas se encuentran la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) –ambas encabezadas entonces por Rosario Robles–, así como Pemex, la Secretaría de Agricultura (SAGARPA), entre otras.
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Caminos de corrupción por OHL
La filial mexicana de la empresa española OHL operaba importantes concesiones de autopistas en el Estado de México. En mayo de 2015 se filtraron audios de conversaciones entre sus directivos y funcionarios mexiquenses en los que se revela una colusión para inflar costos y peajes en proyectos como el Viaducto Bicentenario.
Uno de los implicados fue Apolinar Mena, entonces secretario de Comunicaciones del Estado de México, quien en los audios negociaba favores con directivos de OHL. Como consecuencia inmediata, Mena renunció a su cargo tras la publicación de las conversaciones.
Durante años, la empresa fue favorecida con contratos de gran envergadura que le garantizaban rentabilidades elevadas. De hecho, se estimaba que sus proyectos en México aportaban alrededor del 15% de las utilidades globales de la compañía (aproximadamente 524 millones de euros anuales).
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La industria farmacéutica, más preocupada por el dinero que por la salud
En el sector salud, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) investigó y documentó que cinco empresas mayoristas –Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales (Fanasa), Nadro y Almacén de Drogas– se cartelizaron entre 2006 y 2016 para manipular el mercado de distribución de medicamentos.
Estas compañías (las cuales dominaban la cadena de suministro de fármacos en el país), acordaron ilegalmente restringir la competencia, hecho que afectó tanto a instituciones de salud como a farmacias privadas y consumidores finales.
La modalidad de la corrupción se dio a través de acuerdos secretos entre competidores para repartirse el mercado y fijar condiciones, lo cual es una violación flagrante a la ley de competencia.
Las distribuidoras pactaron, por ejemplo, no realizar entregas de medicamentos ciertos días, limitar el abasto al no surtir más allá de cierta cantidad de medicamentos a farmacias que tuvieran adeudos, establecer topes máximos de descuentos y hasta acordar incrementos simultáneos de precios.
La COFECE estimó que estas prácticas anticompetitivas generaron un daño económico de aproximadamente 2,359 millones de pesos en el mercado.
El perjuicio se reflejó en medicamentos más caros para la población –particularmente golpeando a las familias de menores ingresos– y en mayores costos para instituciones públicas al adquirir insumos médicos.
Los casos analizados ponen de relieve la crucial importancia de la transparencia y la integridad en el ámbito empresarial. Cada uno de estos escándalos mostró mecanismos distintos, pero con un denominador común: la opacidad en los procesos permitió que actores públicos y privados se enriquecieran ilícitamente a costa del interés público.
La sociedad mexicana ha aprendido lecciones dolorosas de estos episodios. Sin embargo, se mantiene en una posición rezagada en índices internacionales de corrupción y los avances en la materia han sido graduales. Superar dicha problemática requiere una voluntad política sostenida y coordinación entre todos los sectores.
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El desafío hacia adelante es consolidar esos pasos: cerrar espacios a la corrupción mediante trámites abiertos y observables, proteger a quienes denuncian, fortalecer las instituciones de justicia y mantener la cultura de la legalidad en el sector privado.
Solo así las lecciones aprendidas se traducirán en cambios duraderos, y los escándalos del pasado se convertirán en cimientos para un futuro con mejores prácticas empresariales y gubernamentales, donde la confianza de las personas en las instituciones pueda restablecerse.
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