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Escrito por Posgrados de Gobierno y Economía
en marzo 22, 2021

La corrupción dentro de los organismos de administración pública -así como cualquier actividad que da la impresión de serlo- socava la confianza de la ciudadanía. Por ello, los funcionarios públicos deben asegurarse de tener una conducta ética.

La relación de los funcionarios públicos con los ciudadanos es vital. El gobierno, en cierta medida, trabaja bajo la autorización de éstos, pues al hacer uso de sus contribuciones financieras debe promover sus intereses. En el ejercicio de la autoridad pública, los funcionarios vigilan tanto derechos como obligaciones.

Por lo tanto, es obligación suya desempeñarse éticamente y no actuar en detrimento de la confianza general.

La ley sienta las bases que determinan la conducta de los funcionarios públicos. Sin embargo, estas disposiciones legales a menudo sólo proporcionan un marco para la toma de decisiones. El resto requiere consideración ética.

Los códigos de ética del servicio público hacen referencia a los principios y los valores a que deben ajustar su conducta los funcionarios públicos.

La confianza depende de la imparcialidad, la independencia y la transparencia

En la prevención de la corrupción, constituyen valores cruciales la imparcialidad, la independencia y la transparencia: elementos que compete al gobierno considerar en todo momento y son relevantes en los niveles federal, estatal y local.

La imparcialidad implica que las decisiones de los funcionarios públicos se fundamenten en hechos y puedan justificarse objetivamente.

Existe un conflicto de intereses cuando su relación con un asunto en particular o las partes involucradas pudieran poner en peligro su imparcialidad, lo cual significa que no estarían capacitados, en un sentido ético, de lidiar con tal asunto.

En primera instancia, ellos son los responsables de evaluar por cuenta personal si existe o no un conflicto de intereses.

La independencia se relaciona específicamente con el hecho de que las actividades de los funcionarios públicos se basan en actos, decretos y normas. Para ello, deben preparar y resolver asuntos de una manera que no promueva los intereses de ningún individuo, empresa o comunidad a expensas del interés público.

Así, es su deber no solicitar, aceptar ni recibir incentivos económicos o de otro tipo que pudieran menoscabar su imparcialidad y su independencia. Sus intereses personales, entonces, no deben tener influencia alguna sobre sus decisiones.

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Al considerar cualquier asunto, deben tener en cuenta si algún beneficio podría ser capaz de perjudicar la confianza de la ciudadanía en ellos o en la autoridad que representan.

La transparencia elimina la sospecha pública. Las acciones de los funcionarios públicos no sólo deben ser imparciales e independientes, sino que también deben garantizárselo a los ciudadanos y a las partes interesadas. Los documentos oficiales pueden mantenerse en secreto sólo según lo dispuesto en la legislación.

Por consiguiente, es responsabilidad de la autoridad comunicar activamente los asuntos que trata y las decisiones que toma.

Contenido relacionado: ¿Cuáles son algunas señales para identificar actos de corrupción?

Los altos funcionarios públicos están sujetos a requisitos específicos

En la administración del gobierno federal, los altos funcionarios públicos están sujetos a estándares más altos de integridad. Tales funcionarios deberían ser despedidos con menos trabazones formales en caso de no gozar de la confianza de la administración o del público.

Los altos funcionarios públicos deben declarar sus intereses financieros y otros intereses privados tanto antes de ser nombrados para su cargo como durante su labor de servicio público.

Sus intereses y sus actividades externas deben investigarse si hay razones suficientes para creer que influyen en su capacidad personal para desempeñar las funciones del cargo.

En resumidas cuentas, el influjo de la corrupción sobre la sociedad y el Estado no es sólo una consecuencia de la transgresión de leyes, sino de la desviación, en intención y voluntad, del compromiso ético de los funcionarios para con la ciudadanía. Por eso, para combatirla es tan necesaria la rectitud en la conducta.

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