La evolución de la democracia ha dado lugar a cambios profundos en los ámbitos económico, político y social, lo que ha llegado a generar nuevas condiciones que afectan tanto a la sociedad como al Estado.
En respuesta a estas transformaciones, las políticas públicas se desarrollan en un entorno más participativo y colaborativo, donde los ciudadanos desempeñan un rol activo en la formulación, ejecución y evaluación de las estrategias gubernamentales.
En este escenario, la eficiencia y la efectividad de las instituciones públicas se encuentran bajo un escrutinio más riguroso que nunca.
La necesidad de lograr resultados óptimos en la gestión de los asuntos públicos ha llevado a un aumento en las demandas y expectativas de la ciudadanía sobre el buen actuar de sus funcionarios públicos.
El requerimiento de un actuar ético de parte de los gobernantes
Así, la ética emerge como el fundamento que busca garantizar la integridad, la justicia y la responsabilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones por parte de los gobernantes.
A continuación, exponemos las 3 principales razones por las cuales la ética es de especial importancia para la administración pública:
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Generar confianza ciudadana
La transparencia y la apertura en la toma de decisiones generan confianza en la ciudadanía, fortalecen la legitimidad del gobierno y se fomenta un clima que permite mayor colaboración democrática.
De lo contrario, la toma de decisiones se vería sesgada por intereses personales o partidistas. Además, la creencia positiva en las instituciones se erosionaría, lo que conlleva una ruptura entre los ciudadanos y sus gobernantes.
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Justicia y equidad
Cuando los gobernantes se rigen por principios éticos, se aseguran en la medida de lo posible de que sus acciones sean imparciales, objetivas y orientadas al bien común.
Lo anterior implica que no se favorecerá a unos pocos en detrimento de la mayoría, ni se discriminará a ningún grupo o persona.
También garantiza que los recursos y servicios se distribuyan de manera justa y equitativa, lo cual posibilita una sociedad donde todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos.
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Eficiencia y desarrollo ciudadano
La erradicación de la corrupción y el nepotismo propicia un uso más responsable de los recursos, hecho que se traduce en beneficios tangibles para el pueblo en general.
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Con una gestión gubernamental deficiente en ética lo más probable es que se desperdicien recursos valiosos, lo que dificulta la resolución de problemas y el progreso nacional.
De este modo, la ética se convierte en el cimiento que respalda la construcción de valores públicos sólidos y el funcionamiento eficiente de las instituciones gubernamentales en el contexto de una sociedad democrática en constante evolución.
Al abrazar y aplicar principios éticos en cada acción y decisión, los servidores públicos no solo fortalecen la confianza ciudadana y la legitimidad gubernamental, sino que también sientan las bases para una gestión transparente, justa y en línea con las aspiraciones de la sociedad actual.
La ética en la administración pública se revela no solo como un imperativo moral, sino como un elemento esencial para el éxito y la sostenibilidad de la gobernanza, asegurando un futuro en el que los valores compartidos y la integridad sean la brújula que guía cada paso hacia adelante.
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