En 2021, un exfuncionario de gobierno fue condenado por malversar millones destinados a la construcción de escuelas en zonas marginadas. Dos años después, otro caso conmocionó al país: recursos de un hospital público fueron desviados para financiar campañas políticas.
Ambos sucesos, aunque distintos por tiempo y contexto, comparten un denominador común: el peculado. ¿Qué caracteriza a este ilícito? ¿Dónde se traza la línea entre un acto administrativo negligente y una acción penalmente relevante?
En este artículo te explicamos con claridad el delito de peculado y sus implicaciones jurídicas en México.
Una aproximación conceptual
El peculado es uno de los ilícitos más graves en el ámbito de la administración pública, dado que atenta directamente contra el patrimonio estatal y, por ende, contra los intereses de la sociedad.
En su esencia, este delito consiste en el uso indebido de fondos públicos por parte de quienes tienen la responsabilidad de administrarlos. La gravedad radica en que su comisión no sólo erosiona la confianza ciudadana, sino que también perpetúa la desigualdad al privar a la población de servicios esenciales.
El Código Penal Federal de México, en su artículo 223, establece que comete peculado el servidor público que, para beneficio propio o de terceros, distraiga recursos estatales de su objetivo.
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Esto incluye bienes, valores o fondos, sin importar su procedencia. La legislación también extiende la responsabilidad a particulares que participen en dicho crimen.
Marco normativo
La regulación del peculado en el país se encuentra principalmente en el Código Penal Federal y en los códigos locales de cada entidad federativa.
Además, instrumentos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), han influido en la armonización de leyes nacionales para reforzar la lucha contra este tipo de conductas.
Las sanciones varían dependiendo del monto sustraído y las circunstancias en que se cometió el delito.
Estas comprenden penas privativas de libertad, inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas equivalentes al daño causado. En algunos casos, se contempla la reparación integral del perjuicio como medida compensatoria.
Tipología
La doctrina jurídica distingue varias modalidades de malversación, dependiendo del modus operandi y los actores involucrados. Entre las principales se encuentran:
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Peculado por apropiación:
El funcionario desvía recursos públicos para su beneficio personal.
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Peculado por uso indebido:
Los fondos son empleados para fines distintos a los establecidos legalmente.
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Peculado culposo:
Ocurre por negligencia o descuido en la administración del patrimonio estatal.
Estas categorías permiten identificar con mayor claridad las conductas sancionables, lo cual facilita su prevención y castigo.
Aunque el marco normativo mexicano es robusto, su aplicación aún enfrenta diversos desafíos. Entre ellos destacan la dificultad para rastrear los flujos financieros, la resistencia política para investigar a altos funcionarios y la falta de capacidades técnicas en algunas fiscalías.
Además, la cultura de la impunidad sigue siendo un obstáculo recurrente que debilita los esfuerzos por sancionar este delito de manera efectiva.
La lucha contra la corrupción requiere de un marco legal adecuado, pero también de especialistas capaces de identificar y combatir actos indebidos con rigor técnico y ético.
Así, el conocimiento especializado en anticorrupción se define como una herramienta indispensable en la construcción de un Estado de derecho más justo y transparente que vele por los intereses de la ciudadanía.
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