A partir del surgimiento de la agenda anticorrupción internacional a mediados de la última década del siglo XX, ha aparecido en escena una gran cantidad de informes, convenciones y leyes, destinados tanto a hacer cumplir como a promover la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas.
Más allá de la implementación generalizada de las reformas anticorrupción y demás soluciones institucionales, son escasos los países en que los niveles de corrupción han disminuido de manera significativa desde entonces, mientras que en otros países la situación ha empeorado.
Se requiere un enfoque distinto
Para que pueda prevenirse el comportamiento corrupto y éticamente cuestionable en torno a este problema, además de las medidas punitivas e institucionales, también se necesitará comprender y desafiar las causas del comportamiento corrupto, ilegal o antisocial.
Es importante resaltar que, a nivel universitario, los planes de estudio muchas veces carecen de elementos que contribuyan a la no tolerancia de dicha conducta. Y hay buenas razones para que la educación superior asuma tales desafíos.
En primer lugar, a nivel mundial, la corrupción se considera uno de los principales obstáculos para que existan una democracia significativa, riqueza económica y bienestar humano.
En segundo lugar, además de los efectos inmediatos, la corrupción erosiona la confianza social y refuerza las normas disfuncionales en la sociedad. Dado que aquélla es crucial en la mayoría de las iniciativas de acción colectiva, esto puede socavar la capacidad de los estados para recaudar impuestos.
En tercer lugar, las sociedades permeadas por sistemas corruptos y normas poco éticas constituyen un medio propicio para las crisis económicas. Cualesquiera que puedan ser sus causas subyacentes, muchos gobiernos reaccionan introduciendo medidas de austeridad.
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Muy a menudo, esta combinación de crisis y austeridad aumenta el desempleo, la pobreza y la desigualdad, lo que a su vez, de forma directa o indirecta, puede conducir a un aumento de la morbilidad y la mortalidad.
Además, las medidas de austeridad suelen golpear con especial dureza a quienes no tienen relación con las causas de la crisis. Y esto casi siempre conlleva una erosión de la confianza y la legitimidad en las instituciones democráticas.
Debido al ciclo de retroalimentación negativa, la situación se convierte en una trampa social de la que escapar es difícil. Parece que a través de los enfoques teóricos unilaterales, la sociedad ha producido individuos incapaces de resolver sus desafíos más complejos.
Contrarrestar el desarrollo negativo
En lugar de continuar con un sistema educativo que forma individuos orientados hacia intereses personales estrechos, la educación superior debe adoptar un enfoque más holístico, que enfatice la ética y la lucha contra la corrupción en un intento de promover el capital social y, posteriormente, la salud y desarrollo.
La confianza debe entenderse como un capital social estrechamente relacionado con la eficiencia económica y el crecimiento. En cuanto atributo colectivo, el capital social puede definirse como las redes y normas que facilitan la cooperación y la acción colectiva.
Para comenzar a promoverlo, es preciso abordar las causas del comportamiento corrupto. Es probable que tal comportamiento tenga sus raíces en los sistemas de valores de quienes toman decisiones en varios niveles dentro del sector público y privado. Y cabe decir que muchos de ellos han sido educados en universidades.
Las siguientes propuestas se basan en el supuesto de que la confianza depende de la percepción ciudadana sobre la provisión de bienes públicos en la sociedad -como servicios sociales, sanitarios y legales-, pero también de su percepción sobre los proveedores privados de bienes y servicios.
Si éstos se perciben como no corruptos, no susceptibles de desviar su propósito con base en preferencias favorecedoras, y además efectivos, será mayor la confianza generalizada de la ciudadanía.
Si la mayoría de los agentes proveedores han sido capacitados en anticorrupción y en conductas éticas e imparciales, la confianza y el capital social podrán promoverse más fácilmente, lo cual será ocasión de un círculo virtuoso que beneficiará la salud y el desarrollo nacionales.
Un enfoque omniabarcante en la universidad
Al contemplar las múltiples interacciones que nos llevan a inferir confianza en los demás, limitar nuestro cometido a los estudiantes de derecho y políticas públicas no conseguirá los efectos deseados.
Por nombrar algunos: muchos intermediarios financieros son economistas; los ingenieros suelen tener gran relevancia en las licitaciones públicas; médicos, enfermeras y administradores son puntos de contacto en el sector de la salud.
Por lo tanto, para que las universidades puedan asumir en plenitud su rol como impulsores del cambio hacia el capital social, la salud y el bienestar, se hace necesaria la implicación de la universidad como un todo.
Dado el potencial del sector universitario, así como su responsabilidad en moldear los contornos morales de la sociedad, es imperativo que las instituciones de educación superior:
- Respalden un enfoque interdisciplinario e incluyan elementos de ética y anticorrupción en sus planes de estudio.
- Enseñen a los docentes a incentivar e incorporar temas de ética en sus clases.
- Valoren la oportunidad de formar las identidades profesionales, de las que en parte dependen los límites del comportamiento aceptable en la sociedad.
- Es fundamental que las universidades, como agentes de un bien público, actúen en consecuencia: que garanticen la imparcialidad en la docencia, la evaluación de los estudiantes y la investigación y que basen la concesión de títulos, empleo y promociones en criterios transparentes y objetivos.
Será mediante iniciativas como ésta que la educación superior será capaz de desempeñar su rol en la lucha contra la corrupción.
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