Dentro de algunas visiones igualitarias acerca del derecho que existen desde hace dos siglos, el Estado amenaza con intervenir punitivamente en la vida de la parte más desfavorecida de la población.
De ser cierto, sería razonable estimar arbitrarias muchas de las acciones oficiales. Pero tal suposición no es evidente cada vez que el ejecutivo ejerce la facultad de indultar o conmutar penas a personas acusadas o en cumplimiento de condena.
No obstante, hay quienes sostienen que se ha transgredido el Estado de derecho cuando el indulto libera a una persona en circunstancias que parecen ilegítimas o dan indicios de favoritismo político o personal. En términos generales, la mera suposición de que haya "corrupción" implicada sugiere un daño al tejido social.
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Puede resultar ofensivo el desafío a las normas sobre lo que debería ser, o no, correcto en relación con los indultos y las conmutaciones de penas, pero no necesariamente podría afirmarse que se ha atentado contra el Estado de derecho.
Esto nos conduce a las siguientes preguntas: ¿cómo podría determinarse la corrupción en los indultos? ¿Una que deteriorara el Estado de derecho y constituyera un daño real para la sociedad?
Nociones formales vs. nociones públicas
A pesar de la arbitrariedad denunciada en algunas decisiones oficiales y el aparente menoscabo de la ley, debe constar que el indulto es un favor personal y discrecional otorgado por el soberano, como jefe de Estado, al autor de un delito. Por consiguiente, la esencia del indulto es arbitraria.
Pero todo esto requiere de una reflexión más profunda acerca de por qué se distingue un indulto que es considerado corrupto, y por qué tiene consecuencias para el tema presente.
Una explicación relevante está en que el indulto corrupto apunta a que la noción formal de acceso igualitario a la justicia es en gran medida ilusoria. En este sentido, la arbitrariedad en el poder del indulto y el Estado de derecho son paradójicamente compatibles.
Sin embargo, cuando hay razones para creer que el ejecutivo propone el indulto en función de preferencias personales o políticas, el público se ofende a la luz de una dinámica que exhibe un privilegio inmerecido y acceso desigual a la pretensión de justicia.
Además, tal escenario se vuelve ilustrativo con respecto a la discusión en torno al significado del Estado de derecho. Ciertos analistas reiteran que aún no queda claro exactamente qué caracteriza el concepto. La categoría más extendida que encierra puede denominarse, precisamente, “acceso a la justicia”.
Visto así, podría comprenderse que tanto las condiciones que afectan el acceso de individuos a los recursos de la ley como los dispositivos del sistema legal obligan el análisis del Estado de derecho.
Aunque su idea misma representa un bien público, ésta se halla vulnerable a la manipulación de intereses opuestos al bienestar de la sociedad.
Un ejecutivo podría respaldar su decisión de indulto argumentando un trato injusto hacia quien le haya sido otorgado el perdón. Pero, por más que llegara a distorsionarse el ideal del Estado de derecho, -como parámetro moral- uno de sus compromisos es una disposición igualitaria ante cualquier persona.
Por ende, el Estado de derecho compromete al sistema legal a salvaguardar la garantía imparcial de inclusión para todas las personas por igual. Dicho compromiso implica la capacidad real de la ciudadanía de poder acceder a la justicia. Y esta cuestión, a la vez, implica sus condiciones sociales, políticas y económicas.
Conclusión
El proyecto del Estado de derecho, entonces, ocupa una posición estructural en el discurso colectivo en cuanto vehículo a través del cual las personas tienen la posibilidad de evaluar la relación entre su capacidad efectiva de participar de la ley y el trato que el sistema legal de hecho les da.
Si bien el poder del indulto, debidamente ejercido, tiene por objetivo hacer traslucir una voluntad más tolerante por parte del Estado o incluso fomentar aspiraciones de redención personal, su mal ejercicio amplifica la impresión de venalidad y profunda injusticia existentes en las altas esferas.
Al someterse el orden legal, en efecto, a los caprichos de un poder ejecutivo sesgado, la corrupción en los indultos trastoca la norma básica del proyecto según la cual la ley debe otorgar a cada individuo la misma consideración y el mismo respeto.
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